Manual Para Arreglarse los Bigotes Dentro de Codelco

Fidel Báez Juan Enrique Morales Ricardo Alvarez

Lo que los ejecutivos de Codelco no supieron, o no calcularon, es que mientras Ricardo Castillo era desplazado de sus cargos y arrinconado en faenas menores, iba acopiando datos y antecedentes documentales para respaldar sus denuncias, inicialmente entabladas en el conducto regular de la propia institución. Dado que entregó dichos antecedentes en otras instancias formales, tales como la Comisión Investigadora de los gastos de Codelco de la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía Centro Norte, no debiera extrañar que en algún momento detonen con características de escándalo.

Hoy estamos en condiciones de publicar algunas de esas denuncias fundadas documentalmente, las cuales, aparte de sus evidentes connotaciones de corrupción, muestran un irritante doble patrón al interior de Codelco: los mismos ejecutivos que representan a la empresa y mezquinan beneficios en las negociaciones colectivas; reducen gastos externalizando faenas productivas y justifican el incremento en los costos totales imputándolo a costos laborales, se conceden a sí mismos generosos sobresueldos mediante diversas asignaciones; modifican contratos de trabajo con el fin de percibir asignaciones de zona o alteran los resultados operacionales para incrementar el monto de sus bonos, los mismos que les niegan a los trabajadores.

Vamos viendo, como dijo un ciego. El primer caso denunciado por Ricardo Castillo es el sobresueldo de la plana ejecutiva de la División Salvador, mediante el doble pago de asignación para ejecutivos del rol E, el año 2001.

El antecedente es una carta de Juan Villarzú, Presidente Ejecutivo a Fidel Báez, Gerente General de la División Salvador, en la que le informa que la Asignación de Zona se había incrementado por el concepto de Asignación de Movilización para todos los ejecutivos Rol “E” que estuviesen en División Salvador. Sin embargo, en su condición de Superintendente de Finanzas de Contraloría, Ricardo Castillo no sólo se niega a autorizar el pago, sino que le representa la irregularidad a sus superiores, el Gerente General, Fidel Báez, el Jefe del Servicio Jurídico, Pablo Arteaga, y Subgerente de Administración y Finanzas, Luis Olivares. Como le hicieron caso omiso, elevó los antecedentes a la Contraloría de la Casa Matriz.

Cuento corto: tras el respectivo sumario, siete ejecutivos tuvieron que devolver un total de 20 millones de pesos en 2004; otros tres fueron removidos de sus cargos y uno de ellos, Luis Olivares, fue despedido de la empresa. La Auditoria General Corporativa hizo la misma investigación en Codelco Norte, donde se detectó una situación análoga, pero por cifras radicalmente superiores, las que recién en 2007 se empezaron a devolver.

La actuación de Castillo mereció la siguiente anotación en su hoja de vida, el 27 de noviembre de 2002, firmada por Marcelo Mobareg Asfura, Auditor General Corporativo: “Dado que Auditoría General ha dado por terminado este trabajo, reciba usted esta constancia de reconocimiento, lo que hacemos saber a su actual jefatura”. A mayor abundamiento, el 24 de julio de 2006, Ricardo Castillo recibió una carta de José Pablo Arellano, que en lo medular, señala lo siguiente: “Le reitero una vez más, lo que se le ha expresado en diversas ocasiones en relación a lo oportuno de sus aportes y el celo profesional que le ha caracterizado para denunciar situaciones que permitieron regularizar anomalías importantes dentro de la Corporación, incluyendo términos de contratos de personas involucradas en los hechos”.

Sin embargo, por los mismos días en que por arriba recibía reconocimientos y felicitaciones, por abajo le quitaban beneficios, lo hacían objeto de diversas formas de acoso laboral y lo destinaban a labores improductivas.

Un segundo caso que denunció remite a un supervisor Rol A, que trabajaba a cinco metros de su escritorio, en Santiago, al cual se le cambia su contrato de trabajo, en el sentido de que se modifica su residencia, cambiándola a Calama, con el fin de entregarle un 35% de incremento en su sueldo base.

En correo electrónico enviado al Vicepresidente de Recursos Mineros, Juan Enrique Morales, el 22 de diciembre de 2003, le expresa que otorgar asignación de zona a un profesional de Casa Matriz constituye un aumento de sueldo encubierto, y a continuación le solicita:

“1) Que se pare el pago de la asignación zona mediante esta modalidad inventada al profesional en cuestión; 2) que se devuelva lo pagado desde marzo de 2002; 3) que se informe al Gerente del Proyecto Gaby, y 4) que se informe al Auditor General Corporativo, ya que si se hizo una vez, es porque debe estar instaurado en el sistema”. Nunca obtuvo respuesta.

El tercer caso que incluimos en esta oportunidad es la modificación de parámetros de desempeño, con el fin de incrementar el Bono de Desempeño Anual para los Ejecutivos del Rol E, caso en el cual se pronunció la Contraloría de la República. La normativa interna establece que para recibir bono de desempeño, el ejecutivo “deberá contar con un convenio de desempeño debidamente firmado por su jefatura directa y haber obtenido una nota igual o superior a 3”.

Como en el caso de la División El Teniente la nota era de 2,87, sus ejecutivos quedaban fuera de los bonos de desempeño anual. Entonces, su Gerente General, don Ricardo Álvarez Fuentes, no encontró nada mejor que alterar el convenio de desempeño original, mediante una compleja ingeniería financiera entre el precio del molibdeno presupuestado, y el precio real, que triplicó al primero. De esta manera, mejoró artificialmente el resultado operacional de la división, por lo cual, en la Presentación del la División El Teniente ante el Comité Ejecutivo, el 28 de enero de 2005, elevó la evaluación de El Teniente 3,64, a pesar de que la División acumuló un déficit de 52,8 millones de dólares en 2004.

Con cifras en la mano, Ricardo Castillo demuestra que con una Generación de Caja Operacional correcta, el convenio de desempeño divisional entrega una nota de 2,87. El resultado neto de esto es que tanto Álvarez como los otros ejecutivos rol E de El Teniente, de un bono de desempeño anual igual a cero, pasaron a percibir por el mismo concepto, un bono millonario que en su oportunidad generó escándalo nacional, y un informe de Contraloría, que sobre este caso en particular, señaló: “respecto del proceso de elaboración y evaluación de los Convenios de Desempeño, fue posible determinar el incumplimiento de la normativa interna y la ausencia de procedimientos específicos para resolver determinadas etapas del mismo, casos entre los cuales se encuentran, por su relevancia, la existencia de de beneficiarios sin convenio de desempeño y el pago de bonos sin la nota mínima requerida”.

En otras palabras, se arreglaron los bigotes, y los cacharon, lo que en todo caso no trajo ninguna consecuencia, porque todavía están allí, orondos en sus cargos.

Reportaje – Diario “El Siglo”